La importancia de promocionar la puesta en vigencia del juicio por jurados en la Argentina fue el eje de la charla que dio el director del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Héctor Granillo Fernández, en una nueva jornada de capacitación en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Durante
La importancia de promocionar la puesta en vigencia del juicio por jurados en la Argentina fue el eje de la charla que dio el director del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Héctor Granillo Fernández, en una nueva jornada de capacitación en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Durante su disertación, titulada "Justicia republicana, el juicio por jurados", Granillo Fernández destacó que "el juicio por jurados, que propicia la participación ciudadana, está contemplado por la Constitución Argentina en su artículo 24", al tiempo que sostuvo que "el sistema judicial inquisitivo es de la época colonial y se contradice con los principios republicanos".
El catedrático, que además preside la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, recordó que el sistema "existe en Córdoba desde hace más de diez años, mientras que en Chubut, Neuquén y Río Negro las legislaturas están por aprobarlo, en tanto en nuestra provincia lo analizan en Diputados y esperamos que se sancione pronto, porque el Judicial es el único de los poderes que no tiene representación popular o republicana".
El especialista subrayó la importancia de la Defensoría a la hora de promocionar derechos e hizo un repaso sobre las experiencias en otros países, en especial Estados Unidos, y abundó sobre el funcionamiento del juicio por jurado en la provincia de Córdoba.
Granillo Fernández brindó detalles de las características de este sistema y aclaró que "hay que diferenciar claramente la naturaleza del veredicto y la sentencia. El primero lo produce el jurado, es vinculante y no se puede recurrir; sólo se puede plantear la nulidad si hay un vicio y la sentencia la da el juez. El jurado no puede estar integrado por abogados y es aplicable a todos los fueros".
Por último, analizó el proyecto que presentó en la Cámara Baja bonaerense el diputado Raúl Pérez y discrepó con las edades que el legislador estableció para las personas que formen parte de estos tribunales: en lugar de 18 a 65, como estipula el proyecto, Granillo Fernández prefiere que sean integrados por gente de entre 25 a 75 años.
Del encuentro participaron los secretarios de la Defensoría Marcelo Honores, Gustavo Ferrari, Néstor Piscioneri, Carlos Martiarena y Guillermo Gentile.
Durante su disertación, titulada "Justicia republicana, el juicio por jurados", Granillo Fernández destacó que "el juicio por jurados, que propicia la participación ciudadana, está contemplado por la Constitución Argentina en su artículo 24", al tiempo que sostuvo que "el sistema judicial inquisitivo es de la época colonial y se contradice con los principios republicanos".
El catedrático, que además preside la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, recordó que el sistema "existe en Córdoba desde hace más de diez años, mientras que en Chubut, Neuquén y Río Negro las legislaturas están por aprobarlo, en tanto en nuestra provincia lo analizan en Diputados y esperamos que se sancione pronto, porque el Judicial es el único de los poderes que no tiene representación popular o republicana".
El especialista subrayó la importancia de la Defensoría a la hora de promocionar derechos e hizo un repaso sobre las experiencias en otros países, en especial Estados Unidos, y abundó sobre el funcionamiento del juicio por jurado en la provincia de Córdoba.
Granillo Fernández brindó detalles de las características de este sistema y aclaró que "hay que diferenciar claramente la naturaleza del veredicto y la sentencia. El primero lo produce el jurado, es vinculante y no se puede recurrir; sólo se puede plantear la nulidad si hay un vicio y la sentencia la da el juez. El jurado no puede estar integrado por abogados y es aplicable a todos los fueros".
Por último, analizó el proyecto que presentó en la Cámara Baja bonaerense el diputado Raúl Pérez y discrepó con las edades que el legislador estableció para las personas que formen parte de estos tribunales: en lugar de 18 a 65, como estipula el proyecto, Granillo Fernández prefiere que sean integrados por gente de entre 25 a 75 años.
Del encuentro participaron los secretarios de la Defensoría Marcelo Honores, Gustavo Ferrari, Néstor Piscioneri, Carlos Martiarena y Guillermo Gentile.